La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha anunciado la aprobación esta semana del decreto que regula la concesión directa de ayudas a las empresas de inserción, con el objetivo de favorecer el empleo digno de las personas en situación o riesgo de exclusión social.

Según ha explicado, se trata de una convocatoria que permite que inicien un itinerario de inserción mediante su contrato en una entidad especializada en inclusión sociolaboral, con la finalidad de que, una vez desarrolladas las habilidades necesarias y adquirida la experiencia, puedan acceder a un empleo estable en el mercado laboral ordinario, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Según ha relatado Padilla, la primera línea de subvención está dirigida a la contratación y mantenimiento de personas en situación de exclusión social. Los gastos subvencionables son los costes laborales (salario y Seguridad Social) derivados de contratos temporales de inserción, cuya duración debe oscilar entre los 12 y los 36 meses.

La cuantía de la ayuda puede alcanzar hasta el 100 por cien del salario mínimo interprofesional en el primer año, el 75 por ciento en el segundo, y 40 por ciento en el tercero. Estas ayudas son proporcionales en caso de jornada parcial, ha aclarado.

En relación con la segunda línea, la consejera ha expresado que contempla ayudas para la contratación, así como mantenimiento del personal técnico que acompaña los procesos de inserción. Gracias a ella, las empresas de inserción pueden cumplir mejor su obligación de ofrecer a las personas en exclusión un empleo remunerado con apoyo, formación en el puesto y seguimiento individualizado. Por tanto, se subvencionan los costes laborales de contratos indefinidos, o su mantenimiento, para estos técnicos de acompañamiento. La ayuda cubre el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente por cada técnico, también proporcional en caso de jornada parcial, tal y como ha detallado la portavoz.

AYUDAS PARA ESTUDIOS DE MERCADO Y ASESORÍA

La tercera línea está orientada a fortalecer la viabilidad, sostenibilidad y eficacia de las empresas de inserción mediante la contratación de apoyo técnico especializado, tal y como ha continuado Padilla. De este modo, se subvencionan gastos derivados de estudios de mercado y viabilidad, auditorías contables y sociales, certificaciones de calidad, así como servicios de asesoría y gestoría.

La ayuda puede cubrir hasta el 80 por ciento del gasto, con distintos límites según el tipo de servicio. Los estudios de mercado o de viabilidad técnica, económica y financiera cuentan con una subvención máxima de 2.500 euros, y solo se admite uno por entidad beneficiaria. En el caso de las auditorías contables obligatorias y sociales, así como los servicios ordinarios de gestoría administrativa y asesoría fiscal, laboral, financiera o contable, el límite se sitúa en 1.500 euros. Por su parte, las certificaciones de calidad y sus renovaciones pueden subvencionarse hasta un máximo de 1.000 euros.

La cuarta línea de esta convocatoria va destinada a apoyar la actividad de las empresas de inserción mediante la financiación de parte de las inversiones en equipamiento o instalaciones, siempre que estén directamente vinculadas a la creación o ampliación de puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social. Además, la cuantía de la ayuda puede alcanzar hasta el 80 por ciento del gasto, con un límite de seis mil euros por empresa.

La quinta línea está destinada a la contratación en empresas ordinarias de personas que hayan finalizado con éxito su proceso de inserción en una de estas empresas de inclusión. Se trata de una fórmula que ofrece un aliciente económico, el llamado ‘cheque de inserción’, a las empresas del mercado ordinario que contraten a una persona que haya finalizado su itinerario.

«De hecho, pueden presentarlo en entrevistas de trabajo como un valor añadido», ha indicado la portavoz, quien ha aclarado que, aunque la ayuda económica se concede a la empresa, realmente la beneficiaria es la persona portadora del cheque, ya que este actúa como un incentivo directo para su contratación.

Son subvencionables los contratos formativos o indefinidos, así como la conversión de contratos temporales en indefinidos. La cuantía asciende a 8.000 euros por contrato formativo y a 10.000 euros por contrato indefinido, con reducción proporcional en función de la jornada.

UNA INFRAESTRUCTURA DEL PLAN ESPECIAL DEL ALTO GUADIANA (PEAG)

Esta semana el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de más de un millón de euros para prorrogar durante un año el mantenimiento del sistema que suministra agua potable desde el embalse de La Cabezuela al Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real.

Lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha recalcado el compromiso del Gobierno autonómico con una gestión pública del agua «eficaz y equitativa», que garantice el abastecimiento en «todos los rincones del territorio, independientemente de su tamaño o ubicación».

Esta actuación permitirá mantener un servicio estratégico que da cobertura a cerca de 10.500 habitantes de los municipios de Albaladejo, Alcubillas, Almedina, Cózar, Pozo de la Serna, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Villamanrique y Villanueva de los Infantes, según ha enumerado la consejera. En concreto, la inversión aprobada se distribuye en 476.923 euros para el ejercicio 2025 y 591.033 euros para 2026.

Este sistema de abastecimiento, gestionado por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, forma parte del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) y ha supuesto una inversión global superior a los 34 millones de euros, procedentes de fondos europeos y autonómicos. Gracias a esta red, estos municipios han dejado de depender exclusivamente de aguas subterráneas y cuentan hoy con un suministro seguro y de calidad, según ha puesto en valor la portavoz.

La obra fue ejecutada en dos fases por la entonces Sociedad Estatal Hidroguadiana –actual ACUAES– por encargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, si bien la gestión pública se transfirió posteriormente a la Junta de Comunidades. Infraestructuras del Agua comenzó la prestación del servicio en junio de 2013, con la incorporación progresiva de algunos municipios: Puebla del Príncipe en agosto de 2017, Villamanrique en julio de 2022 y Cózar en agosto de ese mismo año.

Tras la autorización de esta inversión, el contrato de prórroga del servicio entrará en vigor el 21 de junio.