En el contexto del debate sobre las enmiendas a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, varias asociaciones han exigido que se respete el compromiso de garantizar los derechos de las personas LGTBI en la región. Este compromiso es el resultado de conversaciones previas entre las organizaciones y un entendimiento político entre el PSOE y el PP, que responde a una demanda social legítima.
Asociaciones involucradas en la solicitud
Las asociaciones que han hecho este llamamiento son la Asociación WADO LGTBI de Castilla-La Mancha, Plural LGTBIQ+ Mancha Centro, Chrysallis Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, Fundación Triángulo C-LM, Familias Transformando Castilla-La Mancha, ADISE LGTBIQ+ y Bolo-Bolo LGTBI+ Castilla-La Mancha.
Preocupaciones sobre el Estatuto
Estas organizaciones han recordado que el Estatuto fue aprobado en las Cortes regionales tras un acuerdo entre el PSOE y el PP. Sin embargo, el texto aprobado no incluía de manera explícita la garantía de los derechos de las personas LGTBI, lo que generó preocupación en las entidades de la región.
Compromiso del PSOE y enmiendas presentadas
Después de la presión ejercida por diversas organizaciones sociales LGTBI, el PSOE se comprometió a impulsar la incorporación de una enmienda en este ámbito durante el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, alcanzando un consenso con el PP. En este proceso, se han presentado diferentes enmiendas por parte del Grupo Socialista, incluyendo una que se centra en el reconocimiento y garantía de los derechos del colectivo LGTBI.
Cuestionamientos sobre el proceso parlamentario
Las asociaciones han planteado interrogantes legítimos: «Si determinadas enmiendas fueron pactadas previamente, ¿por qué ahora se cuestionan en su totalidad? ¿Existe un desacuerdo real con el contenido de la enmienda LGTBI una vez que el texto ha llegado al Congreso? O, por el contrario, ¿se está utilizando el trámite parlamentario para obstaculizar la aprobación definitiva del Estatuto?». Estas preocupaciones surgen ante la posibilidad de que los derechos del colectivo LGTBI se vean afectados por dinámicas políticas ajenas a la realidad social de Castilla-La Mancha.
Demandas de claridad y respeto al consenso
Las entidades han enfatizado que la ciudadanía merece claridad y que cualquier cambio de posición respecto a la enmienda LGTBI debe ser explicado de forma transparente. Si no hay cambios, no comprenden por qué su inclusión se diluye en una confrontación política que no tiene relación con la garantía de derechos.
Por último, han solicitado «respeto al consenso institucional alcanzado, claridad en las posiciones políticas y una garantía expresa de que los derechos del colectivo LGTBI no quedarán en el aire». Subrayan que el Estatuto es una norma estructural para Castilla-La Mancha y no puede convertirse en un escenario de bloqueo donde se mezclen acuerdos previos con desacuerdos posteriores sin una explicación pública.