La ONG Amnistía Internacional (AI) ha lanzado un contundente aviso este lunes sobre el potencial de la Copa Mundial de la FIFA para transformarse en un «escenario de represión» y en un «escenario de prácticas autoritarias». En este sentido, ha instado a los gobiernos anfitriones a cumplir con sus deberes conforme al Derecho Internacional, y ha hecho un llamado a la FIFA y a los patrocinadores para que garanticen la protección de los aficionados, futbolistas, periodistas, trabajadores y comunidades locales.
Advertencias sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026
Faltando solo unas semanas para el arranque del torneo, AI ha destacado que la afirmación de la FIFA de que «el fútbol une al mundo» contrasta con las prácticas divisivas y represivas de los gobiernos que albergan el evento. Esto se detalla en su informe titulado ‘La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026’.
La organización ha asegurado que «aún hay tiempo» para evitar que esta Copa Mundial «se convierta en un escenario de represión y en una plataforma para las prácticas autoritarias». AI ha instado a los gobiernos anfitriones a «cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional» y ha recordado que la FIFA, las federaciones nacionales de fútbol y los patrocinadores tienen la «responsabilidad» de respetar los Derechos Humanos y utilizar su influencia para proteger a todos los involucrados.
Riesgos en Estados Unidos, Canadá y México
Amnistía Internacional ha señalado que en los países anfitriones, específicamente en Canadá, México y Estados Unidos, los aficionados podrían enfrentarse a preocupantes violaciones de Derechos Humanos, especialmente debido a las políticas migratorias severas de Estados Unidos. Este país albergará tres cuartas partes de los partidos y, según AI, enfrenta una «emergencia de Derechos Humanos» caracterizada por «detenciones arbitrarias y en masa» por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El director de Justicia Económica y Social de AI, Steve Cockburn, ha comentado que «el Gobierno estadounidense ha deportado a más de 500.000 personas en 2025», lo que equivale a casi ocho veces la cantidad de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial en el Estadio MetLife. Cockburn ha añadido que esta «oleada de detenciones y deportaciones ilegítimas» ha sido posible gracias a la erosión de las salvaguardias del debido proceso, lo que ha debilitado los derechos a la libertad y seguridad de miles de migrantes y refugiados.
Estas políticas han devastado comunidades y creado un «clima de temor» en un país que atraviesa momentos de gran incertidumbre, lo que inevitablemente afectará a los aficionados que deseen participar en las celebraciones de la Copa Mundial.
Condiciones en las ciudades anfitrionas
AI también ha señalado que las ciudades que albergarán el torneo están siendo impactadas por la represión de derechos impulsada por el Gobierno estadounidense. En este contexto, el presidente Donald Trump federalizó y desplegó 4.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio de 2025, como respuesta a las protestas contra las redadas migratorias.
Las ciudades de Dallas, Houston y Miami han firmado «acuerdos problemáticos» que permiten a las fuerzas locales de seguridad colaborar con el ICE, lo que, según AI, incrementa el uso de perfiles raciales y los ataques contra inmigrantes. Cockburn ha advertido que ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses han garantizado la seguridad de los aficionados y comunidades locales frente a la posibilidad de perfiles raciales, redadas indiscriminadas o detenciones ilegítimas.
Expectativas sobre derechos humanos
Hasta ahora, solo cuatro de las 16 ciudades anfitrionas han publicado sus planes relacionados con los Derechos Humanos, y ninguna de ellas ha abordado la protección contra abusos relacionados con la inmigración. AI ha subrayado que esta Copa Mundial ya no puede considerarse un evento de «riesgo medio», como lo determinó la FIFA en el pasado, en lo que respecta a la protección de las personas contra el ICE, el derecho a la protesta o la prevención de la falta de hogar.
Con respecto a México, la organización ha destacado que el país ha movilizado 100.000 agentes de seguridad, incluidos militares, en respuesta a los altos niveles de violencia, lo que representa un riesgo adicional para quienes deseen protestar. Entre estas personas se encuentran mujeres activistas que planean una manifestación pacífica durante el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México.