La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aportado a la juez de Majadahonda que investiga presuntas irregularidades en el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí un informe interno en el que avisa de que ha hallado «indicios» de un «contrato simulado» con un despacho jurídico con el presunto fin de «desviar fondos».

En un escrito presentado este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press, la RFEF señala que esta supuesta «contratación irregular» podría estar relacionada «con la actual investigación» y entrega «el informe final de la investigación interna» –desarrollado por su departamento de cumplimiento normativo– «a los efectos legales oportunos».

En esta causa, en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, figuran como investigados los expresidentes de la Federación Luis Rubiales y Pedro Rocha, entre otros. La juez Delia Rodrigo indaga en presuntas irregulares en el contrato firmado entre la RFEF y la empresa pública saudí SELA para llevar la Supercopa de fútbol masculino al país árabe.

En el informe dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, se concluye que hay «indicios de posibles irregularidades en la contratación» por parte de la RFEF de un despacho jurídico que «podrían revestir carácter delictivo».

«En particular, existen elementos que sugieren la posible existencia de un contrato simulado, cuya verdadera finalidad habría sido desviar fondos de la Real Federación Española de Fútbol y efectuar pagos a un tercero por servicios que, en realidad, no fueron prestados de forma efectiva», apunta.

«DESPROPORCIÓN» ENTRE LOS SERVICIOS Y EL PAGO

El informe resume las «irregularidades» y la «posible trascendencia delictiva» del contrato entre la RFEF y el despacho en cuestión en cuatro elementos: la «falta de justificación en la contratación y en la ejecución del contrato», la «prestación de servicios escasa y de baja relevancia», la «desproporción entre los servicios prestados y los importes abonados» y el «cese abrupto de los servicios» y la «ausencia de rescisión del contrato».

El documento sostiene que la contratación «se produjo sin que conste la documentación exigida en el Manual de Procedimientos Económicos» de la RFEF e incide en que no se aportaron informes perceptivos para su aprobación. Apunta, además, que las intervenciones del despacho contratado «no justifican en modo alguno los importes abonados» en virtud del contrato.

Sobre este extremo, recalca que «no existe constancia de que los abogados internos de la RFEF obtuvieran un beneficio real de sus servicios que no pudiese haber sido prestado internamente sin coste adicional». Para el departamento de cumplimiento normativo a cargo del informe, ello «podría evidenciar que el contrato tenía una finalidad distinta a la de prestar servicios jurídicos efectivos, lo que refuerza la hipótesis de una posible simulación contractual».

Según el informe, el despacho presentó a lo largo de la relación mercantil «un total de 13 facturas emitidas trimestralmente», por un total de 235.950 euros entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.

Otro aspecto «altamente relevante» que destaca el informe es que las últimas consultas registradas con personal de dicho despacho datan de noviembre de 2023, «sin que existan más comunicaciones en 2024».

En este punto, recuerda que «a principios de 2024, la investigación realizada por el juzgado de Majadahonda por posibles delitos económicos producidos en el seno de la RFEF estaba muy avanzada, de tal forma que el día 20 de marzo de 2024 la UCO realiza una entrada y registro sorpresiva en la RFEF, terminando con la detención de varios de sus empleados y colaboradores».

PROPONE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN A LA FISCALÍA

La directora de cumplimiento normativo de la Federación, Nefer Ruiz Crespo, cierra el informe señalando que pone el documento «en conocimiento de los abogados personados en la causa para su valoración y decisión de incorporar la investigación realizada a las diligencias penales ya en curso», para que «puedan determinar su utilidad dentro del marco de la investigación judicial en desarrollo».

Y propone a los abogados personados que «alternativamente» se envíe «toda la documentación al Ministerio Fiscal para que valore si los hechos son constitutivos de delito y, en su caso, determine la procedencia de emprender acciones legales independientes».

El informe aportado al juzgado se realiza a raíz de una denuncia presentada por Javier Tebas, en condición de presidente de La Liga, ante el área de cumplimiento de la RFEF. La denuncia hacía referencia a los servicios prestados por el despacho, «advirtiendo la posible existencia de una contratación fraudulenta, en la medida en que los servicios contratados coincidían con aquellos igualmente facturados» por otra firma señalada en la causa.