El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha resuelto inadmitir, por falta de competencia, la denuncia de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra los promotores del boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España 2025.
Así lo acuerda en un auto de este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que la Fiscalía le informara de que no cree que los hechos sean competencia de ese tribunal.
Pedraz explica que, salvo en los casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional, se deben seguir las reglas ordinarias en materia competencial.
«Sentado lo anterior procede inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por cuanto los hechos a que se refiere no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional puesto que ninguno de los mismos están previstos dentro de sus competencias», tal y como establece el artículo 65.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala en el auto.
ACOM señaló el pasado viernes en un comunicado que denunciaba porque, «lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas», los protestas de ciudadanos contra Israel por la ofensiva en Gaza «evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad».
«Estas agresiones constituyen un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad y que vulnera frontalmente los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional», aseguró la asociación, que cree que «convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales».
CANCELACIÓN DE LA VUELTA
La denuncia se dirigía tanto contra los autores materiales como «contra los instigadores y amparadores institucionales». Entre ellos se señalaban explícitamente a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, que «han promovido activamente la exclusión del equipo israelí».
ACOM incluyó en la denuncia –presentada por presuntos delitos de odio, contra la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos– a quienes ostentan responsabilidades en la organización de la carrera, incluido su director técnico, Kiko García.
Igualmente anunció que seguirán otras acciones legales contra otros políticos como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, o la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Y solicitó a la Audiencia Nacional la cancelación inmediata de La Vuelta 2025 como medida cautelar urgente, ante «el riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y del público», así como «refuerzos extraordinarios de seguridad, prohibición de concentraciones en los tramos de carrera e identificación y detención preventiva de los grupos ya implicados en los bloqueos».
La asociación criticó la «forma de antisemitismo» que a su juicio se lleva a cabo con esta «campaña discriminatoria» contra Israel alentando el «boicot, las desinversiones y sanciones» contra el país. «Desde ACOM reiteramos nuestro compromiso firme y constante: no permitiremos la normalización del odio antisemita ni la estigmatización de judíos españoles o israelíes en España», advirtió.