La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzga este martes y miércoles, 30 y 31 de enero, al actual alcalde de Recas, Eliseo Ocaña García, y a otras cinco personas –M.P.B.D., M.T.B.V., J.L.G., M.I.P.R y M.M.P.S– por un delito de prevaricación administrativa, tras presentar una moción de urgencia tras la que se acordó en pleno la supresión de sueldos de la anterior alcaldesa, la ‘popular’ Laura Fernández Díaz –L.F.D–, cuando conocían que este acuerdo era «ilegal».
El juicio se señaló en un principio para el pasado 9 de mayo de 2023 pero tuvo que ser suspendido a causa de la huelga de funcionarios de Justicia, y se fijó para este 30 y 31 de enero de 2024 a las 10.00 horas.
Los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, tal y como señala el fiscal, y procede imponer a cada uno de los acusados la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 11 años, y costas.
Tal y como informa la Fiscalía en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, «siendo todos ellos concejales del Ayuntamiento de Recas, el 17 de diciembre de 2018, en la sesión ordinaria del Pleno que se celebró el citado día» y «conocedores todos de la ilegalidad del acuerdo», presentaron moción por la vía de urgencia, y con el voto favorable de los acusados, se acordó la supresión de sueldos de la alcaldesa, L.F.D. y de la concejala G.Z., así como de los concejales delegados».
Como consecuencia, se modificó así el régimen de retribución y liberación de los corporativos que estaban aprobados por el Pleno anteriormente, «causando con ello un perjuicio en los citados concejales que vieron cómo se suprimió su sueldo de manera automática, siendo ejecutivo el acuerdo desde ese momento».