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CCOO pide al Gobierno que no obstruya a agentes medioambientales

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CCOO ha pedido este martes al Gobierno regional que deje de poner trabas a los agentes medioambientales en el ejercicio de sus funciones como policía judicial. El sindicato denuncia que una instrucción interna puede provocar expedientes disciplinarios cuando estos trabajadores comunican posibles delitos a la autoridad judicial o a la Fiscalía.

La secretaria regional de la FSC de CCOO, Carmen Juste; el vocal de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, Arturo García, y el agente expedientado Alfredo Poveda han expuesto sus críticas en rueda de prensa.

La instrucción de 2018 enfrenta dos obligaciones

Según CCOO, los agentes deben informar de inmediato sobre los presuntos delitos que conozcan, sin dejar pasar más de 24 horas. Sin embargo, la Junta aprobó en 2018 la instrucción interna 2/2018, que establece que las denuncias deben pasar antes por los servicios jurídicos del Gobierno regional.

El sindicato sostiene que ese procedimiento puede convertir a la Administración en un filtro previo. Juste ha reclamado que se mantenga el cauce administrativo siempre que no bloquee la actuación de los agentes y ha advertido de que algunas denuncias podrían no llegar a la Fiscalía.

CCOO también ha recordado que la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo rechazó en 2019 que la Administración decidiera por sus propios criterios si unos hechos constituían delito. El sindicato registró el 23 de octubre un escrito para conocer cuántas denuncias se han presentado, cuáles se han tramitado y en qué estado se encuentran.

Un agente denuncia un expediente tras investigar un incendio

Poveda ha relatado que fue “expedientado y procesado” después de investigar un incendio forestal ocurrido en abril en la provincia de Cuenca. El atestado apuntaba a un posible delito de incendio forestal y, según su versión, siguió el procedimiento fijado por la circular de 2018.

El agente ha explicado que esperó noticias sobre la remisión del caso a la Fiscalía, pero terminó acudiendo a los juzgados y a la Fiscalía para asegurarse de que se cumplían sus obligaciones. A su juicio, la normativa le sitúa ante la disyuntiva de obedecer una instrucción administrativa o aplicar las competencias que le reconoce la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

CCOO ha denunciado también la falta de avances laborales en un cuerpo que, según sus datos, ha pasado de más de 600 efectivos en 2011 a menos de 500 en la actualidad, pese a que el plan de conservación fija un mínimo de 700. Entre sus reivindicaciones figuran cambios en los horarios, la segunda actividad, una compensación por la especialización, mejoras de equipamiento y renovación de vehículos.

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