El Gobierno aprobó este martes un Real Decreto-ley para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas. La norma permite que los maquinistas detengan un tren o no reanuden la marcha cuando aprecien una situación de riesgo grave e inminente.

La medida, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responde a las reivindicaciones planteadas por los sindicatos y también amplía la protección social de los trabajadores del sector. El texto fija cuatro líneas de actuación: calcular mejor los tiempos de conducción, reforzar la supervisión, incorporar la cultura justa y revisar la protección ante trabajos especialmente penosos o peligrosos.

La seguridad ferroviaria da más margen a los maquinistas

El decreto aclara qué periodos deben contabilizarse como tiempo de conducción. Incluye las maniobras con el vehículo en movimiento y las interrupciones en las que el profesional mantiene la responsabilidad sobre el tren o debe atender a la circulación.

También se contabilizará por completo cualquier intervalo inferior a 45 minutos entre el final y el comienzo de una actividad de conducción del mismo maquinista. La regla se aplicará incluso si durante ese tiempo queda relevado de la responsabilidad del vehículo, no atiende a la circulación, no realiza tareas o asume otra función.

Las interrupciones de 45 minutos o más durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones también computarán. La norma contempla, además, los tiempos realizados en redes distintas de la Red Ferroviaria de Interés General y los casos excepcionales en los que dos maquinistas conducen de forma simultánea.

La incorporación de la cultura justa a la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario permitirá comunicar riesgos mediante canales internos o sistemas públicos con garantías de confidencialidad. El texto establece que no habrá sanciones si la comunicación se produce antes, se abandona la conducta infractora y existe colaboración plena con la investigación.

Revisión de la jubilación y más control de la AESF

El Real Decreto-ley extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986 al personal de empresas ferroviarias que trabajen en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General. Transportes sostiene que así se igualará el trato en los coeficientes reductores de la edad de jubilación para quienes desempeñen las mismas funciones.

Con participación sindical, se abrirá un procedimiento para revisar esos coeficientes y estudiar la inclusión de otras categorías expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria podrá exigir acceso a instalaciones, trenes, material rodante y equipos durante sus actuaciones. Las entidades estarán obligadas a facilitarlo, aunque los medios necesarios pertenezcan a otra empresa ferroviaria.