Las víctimas de accidentes de transporte colectivo contarán con un Defensor de víctimas estable y permanente dentro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de este departamento, el Real Decreto que crea el puesto.
La nueva figura tendrá rango de subsecretario y actuará como interlocutor ante las administraciones, organismos y entidades implicadas. Su cometido será coordinar la atención y reclamar la información o las respuestas necesarias para garantizar los derechos, la dignidad y las necesidades de las víctimas y sus familiares.
Una atención continuada tras los accidentes
El Defensor ofrecerá orientación sobre derechos, ayudas, reclamaciones de daños, justicia gratuita y derechos económicos. También promoverá apoyo psicológico, social y jurídico, además de acompañamiento emocional y terapéutico cuando sea necesario.
Su ámbito inicial abarcará los accidentes de ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús que sean de titularidad o competencia estatal. La labor podrá ampliarse a servicios autonómicos y locales mediante acuerdos con las administraciones responsables.
La norma considera víctimas no solo a las personas fallecidas, desaparecidas o heridas. También incluye a quienes sufran daños psicológicos, a sus familiares y allegados y a quienes dependieran de la persona afectada, siempre que el accidente les repercuta directamente.
Una oficina propia y participación de las asociaciones
El organismo contará con una Oficina del Defensor, con rango de Dirección General, de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas. También tendrá un Gabinete Técnico de asesoramiento directo.
El nombramiento se realizará mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. En un plazo de tres meses desde su designación, el titular deberá presentar, junto a las asociaciones, un proyecto para mejorar la normativa de atención.
Ese trabajo abordará la organización institucional y la cooperación entre administraciones y entidades. Las asociaciones de víctimas participarán de forma consultiva y permanente mediante un grupo de trabajo.
El Defensor colaborará con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), cuya independencia mantendrá, y respetará también las funciones judiciales y las competencias autonómicas y municipales.