El coste de la vivienda aparece como uno de los principales factores de exclusión en el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza presentado este jueves en Toledo por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o la Exclusión Social (EAPN) de Castilla-La Mancha. El documento sitúa en el 34% el riesgo de pobreza o exclusión social en la región.
La situación es especialmente difícil para quienes viven de alquiler a precio de mercado: dos de cada tres personas de este grupo están en riesgo de pobreza o exclusión social. Entre quienes residen en una vivienda en propiedad, el porcentaje baja al 26,6%.
La pobreza en Castilla-La Mancha y el coste de la vivienda
Las personas en situación de pobreza destinan de media el 30,2% de sus ingresos a la vivienda, frente al 16,2% del conjunto de la población castellanomanchega. La tasa de pobreza de este grupo alcanza el 25,9%.
El informe también recoge un aumento de las dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca. El porcentaje de personas que han sufrido retrasos llega al 12,2%, por encima del 10,6% de media estatal. El 19,3% de la población regional ha tenido problemas para asumir el coste de la calefacción.
Mar González, presidenta de EAPN Castilla-La Mancha, ha advertido de que «detrás de todas estas cifras hay personas y familias y no deberíamos estar hablando de que en Castilla-La Mancha somos la segunda comunidad autónoma más pobre». También ha señalado que «el factor clave que agrava la pobreza» es el coste de la vivienda.
Mujeres y menores, entre los grupos más afectados
El riesgo de pobreza y exclusión social entre los menores de 18 años sube hasta el 43,4% en 2025, 2,3 puntos más que en 2024. La pobreza severa alcanza el 15,4% en este segmento y el 12,3% de las personas que viven con menores económicamente dependientes, frente al 5,3% de los hogares sin menores.
La EAPN indica también que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres, con una diferencia del 5,7%. González ha apuntado que se concentra especialmente en hogares monoparentales, zonas rurales y entornos familiares con personas con discapacidad.
La renta media regional se sitúa en 13.387 euros, 1.030 euros más que en 2024, aunque la entidad considera que el incremento no supone una mejora real del poder adquisitivo por efecto del IPC. Las transferencias públicas evitan que el 21,8% de la población caiga en la pobreza: un 14,8% por las pensiones y un 7% por otras prestaciones.
La entidad reclama más vivienda pública asequible, empleo de mayor calidad y políticas de formación. También alerta de que el 60,3% de las personas que cumplen los requisitos para recibir el Ingreso Mínimo Vital no lo percibe.