La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente por posibles prácticas anticompetitivas que afectarían especialmente al transporte escolar por carretera en Castilla-La Mancha. Entre las entidades incluidas figura la Asociación Provincial de Transportistas de Viajeros por Carretera de Toledo.
La investigación analiza posibles acuerdos e intercambios de información entre competidores para manipular y repartirse licitaciones de transporte escolar. También examina posibles pactos para fijar precios y distribuirse el mercado del transporte discrecional de viajeros por carretera en la comunidad autónoma.
El expediente CNMC sobre transporte escolar
Según ha informado la CNMC, las prácticas investigadas se habrían articulado mediante intercambios de información estratégica, recomendaciones de tarifas mínimas, ofertas de cobertura y la ausencia de ofertas en determinados procedimientos. La Comisión considera que esas conductas podrían ser contrarias a la Ley 15/2007.
El expediente afecta a varias empresas del sector, entre ellas Autocares Álvarez Serrano Hermanos, Autocares Demetrio Álvarez e Hijos, Autocares García Bus, Autocares IM Gómez, Autocares Marín Colmenero, Compañía Europea de Viajeros España, Jesús Álvarez Escobar, Ramos Bus, Ricardo y Navabus, Te Llevo 2003 y Victorino Álvarez.
La investigación incluye a nueve directivos
La CNMC también ha incorporado al expediente a nueve directivos vinculados a varias de esas compañías. La Federación Regional de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla-La Mancha y la asociación provincial de Toledo aparecen igualmente entre las entidades investigadas.
La actuación comenzó después de una comunicación de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha. En octubre de 2025, la CNMC inspeccionó las sedes de Compañía Europea de Viajeros España y Autocares Marín Colmenero.
La investigación de los cárteles figura entre las prioridades de la CNMC por su posible incidencia en los consumidores y en el funcionamiento de los mercados. El programa de clemencia permite a las empresas aportar pruebas para detectar un cártel y, en ese caso, optar a la exención del pago de la multa.