El paro en Castilla-La Mancha aumentó en 2.013 personas durante septiembre y elevó a 118.133 el número total de desempleados en la comunidad autónoma, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. CSIF ha expresado su preocupación por esta evolución.
La organización sindical señala que la región acumula tres meses consecutivos de destrucción de empleo. Entre julio, agosto y septiembre se perdieron 4.280 puestos de trabajo, mientras que el balance interanual también presentó una evolución negativa, con 1.419 personas.
El paro en Castilla-La Mancha crece en todos los territorios
El desempleo subió en todas las provincias. Cuenca registró el mayor incremento mensual, con un 4,27%, mientras que el sector servicios concentró la mayor parte del aumento y alcanzó los 83.674 parados, el 70,8% del total regional.
También aumentó el número de personas sin empleo anterior, hasta situarse en 12.527. CSIF considera que esta cifra refleja las dificultades de acceso al primer trabajo para jóvenes y personas sin experiencia.
El sindicato añade que el empleo público perdió 2.160 afiliaciones a la Seguridad Social. De ellas, 995 correspondieron a Administración Pública y Defensa, 723 a Sanidad y Servicios Sociales y 442 a Educación. «A estos malos datos se suma la destrucción de empleo público con la pérdida de 2.160 afiliaciones a la Seguridad Social», subraya CSIF.
La desigualdad laboral afecta más a las mujeres
La brecha de género también aparece en los datos analizados por la organización. El paro femenino representa el 64,8% del desempleo, mientras que las mujeres supusieron el 42,7% de la contratación indefinida y el 58% de la temporal.
La diferencia se amplía en las jornadas parciales: las mujeres ocupan el 73% de los contratos indefinidos a tiempo parcial y el 65,6% de los temporales.
Ante esta situación, CSIF reclama al Gobierno regional que recupere las subvenciones concedidas a CCOO y UGT, muchas de ellas incluidas bajo el epígrafe «Fomento del Empleo». Según el sindicato, esos fondos superan los 56,2 millones de euros y deberían destinarse a reducir las desigualdades laborales, proteger a los colectivos vulnerables, reforzar los servicios públicos y recuperar derechos.