El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha rechazado este martes el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sus palabras responden a la defensa que el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha hecho de la propuesta.

Guijarro sostiene que el debate no debe centrarse sólo en si las comunidades recibirán más recursos, sino en la forma en que se distribuirán. A su juicio, el sistema perjudicaría a Castilla-La Mancha frente al actual modelo.

Guijarro cuestiona el reparto de la financiación

El vicepresidente ha afirmado que un ciudadano de Castilla-La Mancha recibiría cada año algo más de 200 euros menos que un catalán para financiar los servicios públicos. «No se trata de que recibamos más dinero», ha explicado, sino de determinar «cómo se distribuye ese dinero».

Su valoración del planteamiento ha sido especialmente crítica. «No es un buen sistema de financiación para Castilla-La Mancha», ha dicho, antes de calificarlo de «un pésimo sistema de financiación para Castilla-La Mancha».

También ha rechazado el argumento de que las autonomías obtendrán más fondos. «No vale decir que vamos a recibir más dinero del que recibimos actualmente», ha señalado, al considerar lógico que el Estado aporte más recursos después de doce años sin aprobar un nuevo sistema.

Críticas al criterio de ordinalidad

Martínez Guijarro ha situado el origen de la desigualdad que denuncia en el criterio de ordinalidad. En su opinión, ese principio supone que «quien más tiene, tiene más derechos», una idea que ha considerado «inaceptable».

El vicepresidente ha defendido que el Gobierno de Emiliano García-Page continuará oponiéndose a la propuesta y ha expresado su deseo de que no llegue a aprobarse. También ha pedido que las comunidades autónomas se sienten a negociar el modelo.

Según su explicación, el planteamiento cuenta con el respaldo de Cataluña, a la que considera la gran beneficiada, y de Canarias, que dispone de un régimen especial. Por ello, ha sostenido que la propuesta no se aplicaría de la misma forma al conjunto de las comunidades.