Castilla-La Mancha apoya Ceuta y ha respaldado con su voto la asignación estatal de 25 millones de euros para atender a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en la Ciudad Autónoma. La decisión se adoptó este jueves durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra Sira Rego.
Castilla-La Mancha apoya Ceuta ante la situación de los menores
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, acudió a la reunión junto a la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín. El crédito destinado a Ceuta salió adelante con el respaldo unánime de las comunidades autónomas participantes.
García Torijano valoró el desarrollo del encuentro y explicó que la Junta quiso expresar su solidaridad con Ceuta. A su juicio, la aportación supone «un esfuerzo importante» para el Estado y constituye «una acción necesaria para empezar a dar respuesta a esta situación que se está viviendo en Ceuta», según trasladó durante la conferencia.
La ministra dejó abierta la posibilidad de incrementar los recursos si las necesidades cambian. La consejera castellanomanchega también planteó la situación que atraviesan los sistemas autonómicos de protección, incluido el de Castilla-La Mancha.
La Junta pide alternativas para evitar más presión asistencial
La responsable regional de Bienestar Social señaló que la comunidad lleva años cumpliendo sus compromisos en materia de infancia y que la aplicación del Real Decreto Ley del año pasado ha exigido un esfuerzo considerable. Ese escenario, explicó, ha tensionado el sistema de protección.
La atención a un menor no se resuelve únicamente con una plaza. También requiere profesionales, medios especializados y acompañamiento, elementos que no siempre pueden incorporarse de forma inmediata. Por eso, Castilla-La Mancha considera conveniente estudiar fórmulas distintas que permitan atender la situación de Ceuta sin cargar aún más a las autonomías.
«Valoramos que se puedan explorar otras vías que permitan dar respuesta a esta situación sin seguir sobrecargando los sistemas de las comunidades autónomas», afirmó García Torijano. La consejera añadió que la Junta está dispuesta «a sentarse, trabajar y buscar entre todos alternativas y soluciones».
El interés superior del menor, como criterio principal
La posición defendida por la consejera sitúa los derechos de la infancia en el centro de cualquier salida. García Torijano recordó que los menores no deben ser presentados como invasores y reclamó una protección específica para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Las opciones, añadió, deben analizarse caso por caso y con garantías. La reagrupación familiar puede estudiarse cuando sea posible y beneficie al menor, aunque las circunstancias personales y familiares hacen que esa vía resulte complicada en algunas situaciones.
La Junta aboga por mantener la coordinación con el Ministerio, con seguridad, garantías y una comunicación fluida entre administraciones. «Castilla-La Mancha está dispuesta a trabajar y a buscar soluciones entre todos, poniendo siempre en el centro la defensa de los derechos de los niños y niñas y, especialmente, de aquellos perfiles más vulnerables», señaló la consejera.