El Gobierno prepara el traslado de menores de Ceuta a la península ante la necesidad de liberar plazas y atender la situación de vulnerabilidad de parte de los niños y niñas que permanecen en la ciudad autónoma. La primera derivación alcanzará a 500 menores y se repartirá de forma equitativa entre las comunidades autónomas, según ha explicado este jueves el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.

El responsable estatal ha defendido en la Cadena Ser que hace falta un mecanismo «más ágil». La operación se apoyará, en algunos casos, en el sistema utilizado para acoger a menores procedentes de Canarias que habían solicitado asilo y cuya atención correspondía al Estado por decisión del Tribunal Supremo.

Un reparto de 500 menores entre las comunidades

Pérez Correa ha indicado que algunas plazas ya existentes podrán destinarse a nuevas derivaciones. Según ha explicado, varios menores que las ocupaban están cerca de cumplir los 18 años y cuentan en su mayoría con un itinerario personal y laboral. Esa circunstancia permitiría utilizar esos recursos para trasladar también a niñas, aunque el secretario de Estado no ha detallado cuántas serían.

El resto de los desplazamientos se organizará mediante dispositivos gestionados por entidades que trabajan con el Ministerio de Inclusión y con la propia ciudad autónoma. Para concretar cada traslado será necesario firmar un convenio con la entidad correspondiente y que Ceuta acepte la operación.

«Creemos que es muy probable y además que es posible», ha manifestado el secretario de Estado al referirse a ese proceso.

Preocupación por las niñas en situación de calle

El Gobierno calcula que unos 2.500 menores llegaron a Ceuta a finales de julio, aunque Pérez Correa considera que la cifra real puede ser superior. También ha alertado de que un número significativo se encuentra actualmente en la vía pública, una situación que dificulta todavía más la protección y el recuento.

El secretario de Estado ha señalado la presencia de porcentajes muy elevados de niñas dentro del sistema de protección, incluidos casos de menores de 10 y 11 años. Según ha relatado, algunas proceden de entornos familiares especialmente complejos y necesitan una atención más individualizada.

«Nos preocupa su extrema vulnerabilidad y requieren una atención mucho más personalizada», ha afirmado Pérez Correa. La urgencia del traslado, ha añadido, responde a la necesidad de alejarlas de los riesgos asociados a permanecer en la calle.

El Gobierno avisa de que se cumplirá la ley

Ante las derivaciones realizadas en los últimos días hacia comunidades como Extremadura, el secretario de Estado ha sostenido que todas las autonomías deben cumplir la legislación. También ha recordado la colaboración con la Fiscalía para asegurar que se respete ese marco.

«Si no se quiere cumplir la ley, pues actúa en este caso Fiscalía de Menores y los organismos que se tienen habilitados. Nosotros no entendemos otro escenario», ha declarado. Pérez Correa ha diferenciado entre la oposición política al Real Decreto Ley y el trabajo de los servicios de protección, cuya colaboración ha calificado de positiva.