El Equipo de Protección de la Naturaleza de Toledo (Eprona) ha llevado a cabo una investigación en el marco de la ‘Operación Orlaz’, en la que se ha indagado a una persona por un posible delito relacionado con la protección de la flora y la fauna. Este individuo es sospechoso de haber utilizado técnicas prohibidas para la caza.
Inicio de la investigación
Las pesquisas comenzaron tras recibir informes sobre la presencia de varios lazos instalados en un coto de caza en el término municipal de Orgaz, según ha comunicado la Guardia Civil a través de una nota de prensa.
Descripción de los lazos encontrados
Los lazos de cable de acero que fueron localizados estaban preparados para su uso, colocados en rutas frecuentadas por la fauna salvaje. Este tipo de lazos son considerados medios no selectivos de captura, representando un grave peligro para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, ya que pueden atrapar y causar la muerte a especies protegidas, como el Lince Ibérico.
Colaboración y resultados de la operación
Durante el desarrollo de la investigación, se logró identificar a la persona responsable de la colocación de estos lazos. Es importante resaltar que la colaboración de los Guardas Rurales, quienes desempeñan funciones de vigilancia en el coto afectado, fue fundamental para el éxito de esta operación.
Retirada de los medios de captura
Las gestiones realizadas no solo llevaron a la identificación del presunto autor, sino que también resultaron en la eliminación de seis medios de captura prohibidos del entorno natural. Esto ha evitado su uso y ha prevenido los daños que la captura ilegal de especies de fauna silvestre podría haber causado al ecosistema de la zona.
Consecuencias legales
De acuerdo con el Código Penal, la persona investigada, como presunto autor de un delito contra la fauna, enfrenta una posible pena de prisión de cuatro meses a dos años, además de una multa que oscila entre ocho y veinticuatro meses. También podría ser objeto de inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones relacionadas con la caza o la pesca por un periodo de uno a tres años, así como la privación del derecho a poseer y portar armas durante el mismo tiempo.