La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido una alerta este miércoles sobre la preocupante situación de la temporalidad en el ámbito educativo, donde se ha constatado que un 32% del profesorado son interinos, lo que se traduce en 10.316 docentes. De este número, solo un 12,2% ha recibido remuneración durante los meses de verano.
Resultados de la encuesta ‘Y el interino, ¿pa’ cuándo?’
La central sindical ha dado a conocer los resultados de una encuesta realizada entre marzo y abril en el marco de la campaña ‘Y el interino, ¿pa’ cuándo?’. En esta iniciativa, 1.326 docentes manifestaron sus principales preocupaciones. Según los datos, la principal reivindicación es el cobro de los meses de verano, ya que el 88,7% de los encuestados considera que es una medida esencial, que debe aplicarse tras haber trabajado al menos cinco meses y medio.
Para poder cobrar el verano, los interinos deben haber trabajado un mínimo de ocho meses continuos hasta el 30 de junio, con nombramientos que se realicen antes del 31 de octubre. Juan Luis Martínez, presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, ha denunciado que los interinos se sienten como «docentes de segunda categoría» debido a la discriminación que padecen por parte de la Administración.
Impacto de las condiciones laborales
Los datos de la encuesta revelan que el 30,2% de los docentes interinos que han trabajado más de ocho meses no han recibido pago por el verano. Un 24,9% trabajó entre siete y ocho meses, mientras que un 32,7% lo hizo entre seis y siete meses. En total, el 87,8% de los encuestados no perciben la remuneración de julio y agosto, a pesar de haber superado los 5,5 meses de trabajo, debido a interrupciones en sus contratos.
Martínez ha instado a la región a imitar el modelo de Andalucía, que garantiza el pago completo por los meses estivales a partir de cinco meses y medio y permite el cobro proporcional desde el primer día de servicio. «Lamentablemente, aquí seguimos sufriendo recortes brutales, lo que preocupa a los docentes», ha agregado.
Oposición y desplazamientos
Otra de las preocupaciones que han surgido en el colectivo es la necesidad de establecer tribunales de oposición en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, ya que el 62% de los encuestados se ha visto obligado a desplazarse, lo que ha conllevado gastos significativos. El 64,9% de los participantes indicó haber gastado entre 100 y 300 euros, y un 24,5% entre 300 y 500 euros, además de enfrentar dificultades de conciliación familiar.
El 83,5% considera indispensable la creación de tribunales en todas las especialidades en las cinco provincias. Además, CSIF reclama la exención de tasas para aquellos que se hayan presentado en los últimos seis años o en las tres últimas convocatorias, lo que respalda el 76,6% de los encuestados.
Problemas con las adjudicaciones y los recortes en educación
CSIF también ha destacado las adjudicaciones forzosas en los llamamientos, donde el 36,8% de los encuestados se vio obligado a aceptar una plaza, y el 44,5% lo hizo por miedo a ser expulsado de la bolsa de trabajo. Un 81,2% de los docentes exige la libertad de elección de plaza, apoyando así la postura de CSIF.
Por último, se ha detectado un problema en la continuidad de las sustituciones durante los periodos vacacionales. Hasta un 33,7% de los docentes interinos ha enfrentado varias sustituciones antes de vacaciones, y un 50,2% fue cesado sin haber cobrado durante esos períodos. La propuesta de prórroga automática del nombramiento para sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos es respaldada por el 94,7% de los encuestados.
Recortes en la educación pública
Los datos de la encuesta reflejan los recortes persistentes en la educación pública de Castilla-La Mancha en lo que respecta a derechos laborales. La región ocupa el último lugar en gasto por alumno en España, con 5.918 euros, cifra que se sitúa por debajo de la media nacional de 7.421 euros.
Martínez ha señalado que los acuerdos firmados entre la Consejería de Educación y sindicatos afines son meras promesas que no han mejorado las condiciones laborales de los docentes. Como ejemplo, mencionó el proyecto de Ley del Ministerio de Educación, aprobado el 21 de abril en Consejo de Ministros, que busca abordar estas problemáticas.