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    Anpe presenta recurso contra limitaciones en admisión de alumnado con necesidades educativas en Castilla-La Mancha

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    El sindicato Anpe ha tomado la iniciativa de presentar un recurso de alzada en contra de las instrucciones de admisión de alumnado para el curso 2026/2027 en Castilla-La Mancha. Este recurso se centra en la exigencia de «la aportación de certificados de discapacidad o informes clínico-sanitarios externos al sistema educativo» para la escolarización de estudiantes con necesidades educativas especiales.

    Cuestionamientos sobre las instrucciones de admisión

    Anpe considera que ciertas previsiones incluidas en estas instrucciones, particularmente aquellas relacionadas con la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, imponen «limitaciones que no se ajustan al marco normativo estatal y autonómico vigente en materia de inclusión educativa».

    En específico, el recurso pone en tela de juicio los apartados que regulan la actuación de las comisiones específicas de escolarización y los requisitos documentales exigidos para acceder a diversas medidas de inclusión educativa.

    Impacto en la planificación educativa

    Según el sindicato, las nuevas instrucciones condicionan aspectos como la reserva de plazas, la reducción de ratios y la planificación de ciertos recursos personales a la presentación de certificados de discapacidad o informes clínico-sanitarios externos al sistema educativo. Esto podría generar una dilación en los tiempos de respuesta, lo que resulta preocupante.

    Anpe advierte que este requisito crea una barrera administrativa que podría obstaculizar o retrasar la respuesta educativa adecuada. Esto se debe a que depende de procedimientos gestionados por otras administraciones, cuyos plazos no siempre coinciden con el calendario escolar.

    Consecuencias para los centros educativos y el profesorado

    El recurso también destaca que estas previsiones pueden afectar de manera directa la organización de los centros educativos y las condiciones laborales del profesorado. En particular, se limitaría la dotación de recursos especializados y se aumentaría la carga de atención al alumnado con necesidades educativas especiales para los equipos docentes y de orientación.

    Desdibujamiento del papel de la orientación educativa

    Además, Anpe sostiene que las instrucciones «desdibujan el papel técnico y pedagógico de la orientación educativa en los centros». Según el sindicato, el modelo de inclusión educativa establecido en la normativa vigente en Castilla-La Mancha, junto con la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización realizados por los orientadores, son herramientas fundamentales para identificar las necesidades del alumnado y proponer las medidas educativas y recursos necesarios.

    Sin embargo, las nuevas instrucciones condicionan la eficacia de estos informes a la existencia de acreditaciones externas, lo que, según Anpe, desplaza el criterio profesional del ámbito educativo a otras administraciones.

    Demandas del sindicato

    Desde Anpe se enfatiza que la legislación educativa vigente obliga a las administraciones a asegurar los recursos necesarios para atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo desde el momento en que se detecta dicha necesidad, «sin que esta atención deba quedar condicionada a la obtención previa de certificaciones administrativas externas».

    El sindicato solicita que las instrucciones de admisión se alineen completamente con la legislación educativa estatal y autonómica. El objetivo es que la planificación de plazas, ratios y recursos personales responda a las necesidades educativas detectadas por los profesionales del sistema educativo, garantizando así la seguridad jurídica del proceso de admisión, reforzando el papel de los profesionales de la orientación educativa y asegurando que el sistema educativo cuente con los recursos necesarios para ofrecer una respuesta inclusiva y de calidad al alumnado.

    Por todo lo anterior, el recurso pide que se declare la nulidad, o alternativamente la anulabilidad, de los apartados de las instrucciones que introducen estas limitaciones, así como de las previsiones conexas que puedan contradecir el marco normativo vigente.

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