El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha propuesto este jueves la creación de una ley regional de vivienda en Castilla-La Mancha, la cual debería contar con asignaciones presupuestarias. Además, han instado a la implementación de políticas públicas que regulen tanto los precios de los inmuebles como los del alquiler, interviniendo así en el mercado de la vivienda.
Presentación del informe ‘Vivienda y bienestar’
Durante una rueda de prensa, Javier Ortega, secretario regional de CCOO, y José Manuel Muñoz, secretario regional de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial, dieron a conocer el informe titulado ‘Vivienda y bienestar’. Muñoz subrayó que el documento resalta la necesidad de intervenir en el sector para limitar los precios, dada la incapacidad del mercado actual para facilitar el acceso a la vivienda de manera sencilla.
Propuestas de CCOO para Castilla-La Mancha
CCOO considera esencial que Castilla-La Mancha disponga de una ley de vivienda que contemple partidas presupuestarias. Muñoz afirmó que «sin presupuestos, no se pueden implementar políticas de vivienda», lo que ha sido un error persistente en la región y el país en general.
El sindicato también plantea la necesidad de regular las viviendas turísticas, aplicando presión fiscal sobre aquellos que utilizan estas propiedades de manera especulativa, con el objetivo de beneficiar el alquiler hasta que se construyan más viviendas. Además, proponen aumentar la oferta de suelo mediante concesiones administrativas y la creación de fondos que capten la inversión de particulares, considerando que actualmente hay un interés en la deuda pública debido a la baja rentabilidad de los ahorros.
Conclusiones del informe
Muñoz detalló que la conclusión más relevante del estudio indica que la vivienda en Castilla-La Mancha ha evolucionado de ser un derecho constitucional a convertirse en un activo especulativo. Aseguró que este cambio ha configurado un modelo rentista que afecta negativamente el consumo y el ahorro, poniendo en riesgo también el empleo.
Datos preocupantes sobre la vivienda en la región
El informe revela que el 23% de las viviendas en la región están vacías, superando en nueve puntos la media nacional, que es del 14%. En 2024, se finalizaron 4.003 viviendas en Castilla-La Mancha, de las cuales solo 159 son de protección oficial, lo que representa un escaso 3%. Muñoz lamentó la «dejadez, el olvido y el abandono» en la construcción de vivienda de protección oficial, lo que ha contribuido a la actual situación del mercado.
Además, mencionó que en 2008, el 68% de los propietarios en Castilla-La Mancha poseían una sola vivienda, mientras que ahora esa cifra ha caído al 57%. Casi la mitad de la población actual tiene más de una vivienda, lo que refuerza la idea de que muchos ven la inversión en propiedades como un activo financiero, haciendo que el mercado sea inalcanzable.
Aumento de precios y problemas con el alquiler
Respecto a los precios, el alquiler ha aumentado un 11,8% anual, muy por encima del IPC, que se sitúa en un 3%. En las capitales de la región, el esfuerzo económico para pagar el alquiler supera el 50% del salario neto, y los jóvenes menores de 25 años destinan entre 5 y 7 puntos más de su salario a este gasto.
El fenómeno de la vivienda turística
El informe también aborda el creciente problema de las viviendas turísticas, que ya suman 5.200 unidades en la región, especialmente en Toledo y Albacete, con un aumento significativo de más del 60% desde 2020. Muñoz instó al Gobierno a regular este sector mediante cargas impositivas y legislación adecuada para controlar su expansión.
Falta de capacidad para comprar vivienda
Por su parte, Javier Ortega destacó que, aunque en Castilla-La Mancha hay 660 viviendas por cada mil habitantes, la realidad es que muchos no tienen la capacidad económica para adquirirlas. Además, la construcción de vivienda nueva es escasa y la vivienda de protección oficial ha prácticamente desaparecido, siendo utilizada en el mercado a precios de mercado, lo que genera una burbuja especulativa.
Ortega también señaló que el coste del alquiler representa entre el 30% y el 60% de la renta familiar, lo que implica que los avances en las negociaciones salariales quedan absorbidos por estos gastos. La desigualdad entre arrendadores y arrendatarios se ha incrementado, lo que agrava aún más la situación de la vivienda en la región.