Este martes, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado las cláusulas de salvaguarda agrícola negociadas con los 27 países miembros y Bruselas, un paso crucial para desbloquear la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur. Este pacto, que incluye a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, podría entrar en vigor de manera provisional en los próximos meses, siempre que así lo decida el Ejecutivo comunitario tras la firma lograda en enero.
Cláusulas de salvaguarda para proteger el campo europeo
Las nuevas medidas tienen como objetivo fortalecer la protección del sector agrícola europeo frente a posibles distorsiones graves que podrían surgir de la apertura del mercado del Mercosur, especialmente en productos como la carne de vacuno, las aves de corral, los huevos, los cítricos y el azúcar.
Este marco establece umbrales específicos que permitirán a la Comisión Europea iniciar investigaciones y activar medidas en un plazo máximo de 21 días si se detecta un impacto significativo en productos agrícolas sensibles dentro de la Unión Europea.
Valoración de UPA Castilla-La Mancha
La organización agraria UPA Castilla-La Mancha ha valorado positivamente la votación en el Parlamento Europeo sobre este acuerdo comercial, considerándolo una muestra de que la presión ejercida por las organizaciones agrarias está influyendo en las decisiones a nivel comunitario.
UPA ha destacado que el debate en la Eurocámara ha resaltado la necesidad de contar con cláusulas de salvaguarda efectivas, que permitan una actuación inmediata ante perturbaciones del mercado, protegiendo así a agricultores y ganaderos europeos de los efectos adversos de los acuerdos comerciales.
La organización ha enfatizado que estas salvaguardias no deben ser solo una promesa, sino una condición indispensable para cualquier avance en la implementación del acuerdo, recordando que su exigencia ha sido una constante en el sector y que comienza a reflejarse en el debate político europeo.
Acuerdos previos y ajustes en los umbrales
En diciembre pasado, el Consejo y el Parlamento acordaron establecer estos umbrales en un 8%, pero finalmente se redujeron a un 5% para atender las demandas del gobierno italiano, que había bloqueado la firma al unirse a Francia y Polonia. Después de estos cambios, el Gobierno de Giorgia Meloni levantó su veto, lo que permitió reactivar el proceso de firma del acuerdo en enero.
Así, Bruselas podrá actuar si las importaciones de productos sensibles aumentan en un 5% y los precios caen en la misma proporción durante un periodo de tres años, en lugar del 10% inicialmente propuesto por la Comisión.
Investigaciones y seguimiento de importaciones
Las autoridades nacionales, así como representantes del sector privado, podrán solicitar que se inicie una investigación si existe riesgo de perjuicio grave para un sector. Además, el Ejecutivo comunitario deberá presentar informes semestrales ante la Eurocámara sobre el impacto de las importaciones de estos productos sensibles.
Aunque queda pendiente la aprobación formal de las salvaguardas por parte de los Veintisiete, este será el último paso antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE y la entrada en vigor del mecanismo, que podrá activarse una vez se aplique provisionalmente el acuerdo.
Protección para los agricultores
El Partido Popular, a través de su eurodiputado Gabriel Mato, ha celebrado la votación, asegurando que las salvaguardas garantizarán «una protección real y efectiva» para los agricultores una vez que entre en vigor el nuevo régimen comercial con los países del Cono Sur. Además, han resaltado que esta medida es «fundamental», ya que permite actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible.
Según Mato, las salvaguardas fortalecerán la vigilancia del mercado, introducirán criterios claros para identificar perturbaciones y permitirán una respuesta más rápida ante indicios de perjuicio en productos sensibles, proporcionando estabilidad y previsibilidad a los agricultores y preservando el equilibrio general del acuerdo.
Por su parte, la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ha resaltado que este mecanismo está diseñado para proteger al sector primario y mejorar el control sobre los productos, permitiendo a la Unión Europea actuar más rápidamente en caso de perturbaciones.