El proceso para implementar un nuevo Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha ha encontrado un nuevo obstáculo este jueves. La situación se complica debido a que el Partido Popular (PP) ha cambiado su posición respecto al número de diputados que se deben elegir en las Cortes regionales. Inicialmente, se había acordado una horquilla entre 25 y 59 representantes, pero ahora el PP busca mantener los límites actuales, que van de 25 a 35.

Fricciones entre los partidos

El número de diputados ha sido un tema de constante tensión entre el PP y el PSOE, los principales promotores del pacto para reformar el Estatuto. Aunque esta cuestión representa solo una de las muchas propuestas incluidas en el proyecto de nueva Carta Magna, los desacuerdos han sido frecuentes entre estas dos formaciones políticas.

Para abordar estas diferencias, ambos partidos acordaron durante la tramitación en el Parlamento autonómico establecer la horquilla entre 25 y 59. Este rango no alteraría el número actual de 33 escaños en el Parlamento regional, y cualquier modificación futura de los límites de la nueva horquilla requeriría una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara.

Aprobación en el Congreso

Una vez firmado y aprobado el pacto en las Cortes de Castilla-La Mancha, el proyecto de Estatuto llegó al Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre. En esa ocasión, casi toda la Cámara Baja dio su respaldo al texto, que fue aprobado con 288 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones.

Presentación de enmiendas

Este miércoles finalizó el plazo para la presentación de enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios. Se registraron cerca de un centenar de propuestas provenientes de Sumar, PP, PSOE, Podemos desde el Grupo Mixto y Vox. Este último, a pesar de oponerse a la tramitación del texto, presentó 33 enmiendas para su debate, argumentando que el Estatuto solo aumentaría el gasto político en la región.

La formación de Santiago Abascal se atribuye el mérito de que el PP haya decidido no modificar la horquilla de diputados y propone, entre otras cosas, recuperar la limitación de mandatos del presidente de la Junta de Comunidades y suprimir organismos administrativos innecesarios, además de reforzar el control parlamentario y la separación de poderes.

Propuestas de los grupos

El Grupo Socialista ha presentado una veintena de enmiendas, la mayoría técnicas para ajustar los límites competenciales entre la comunidad y el Estado. Destacan dos adiciones: una para proteger más al colectivo LGTBIQ+ y otra para resaltar la importancia de la Universidad de Castilla-La Mancha en la región.

Por su parte, Sumar, que fue el primero en registrar sus enmiendas el 27 de enero, propone una docena de iniciativas, entre las que sobresalen la protección del derecho al aborto y garantizar que Castilla-La Mancha cuente con al menos 40 diputados.

Podemos, que ha presentado 18 enmiendas bajo el Grupo Mixto, busca prohibir actividades económicas extractivistas, promover la memoria histórica, garantizar una prestación sanitaria universal y gratuita, y permitir elegir hasta un centenar de parlamentarios mediante una combinación de circunscripción única y cinco provinciales.

El PP, además de la enmienda que ha generado más controversia, ha presentado otras diez propuestas que incluyen la incorporación de valores como la dignidad y el libre desarrollo de las personas en el Estatuto, así como el refuerzo de políticas de vivienda que respeten la seguridad jurídica contra la ocupación ilegal.

Reacciones políticas

Tras el anuncio de la enmienda del PP, el PSOE ha señalado al secretario general del partido, Miguel Tellado, como el responsable de esta maniobra, asegurando que responde a una «estrategia de Génova» para frenar el ascenso de Vox. Los socialistas lamentan que, por intereses electorales, se esté subordinando el pacto constitucional y la reforma del Estatuto, que consideran un ejemplo a seguir en toda España.

Vox, por su parte, sostiene que su presión ha obligado al PP a cambiar de opinión y a no apoyar el aumento del número de diputados en las Cortes regionales, calificando la situación como una «falta de responsabilidad».