Este jueves, las Cortes de Castilla-La Mancha han decidido rechazar la propuesta presentada por el Gobierno de España para modificar el modelo de financiación autonómica. En un debate donde el Gobierno regional defendió un sistema fundamentado en la igualdad y la solidaridad entre territorios, la oposición se centró en criticar al presidente regional, Emiliano García-Page, por permitir que esta propuesta se tramitara en el Congreso.
Postura del Gobierno regional
Durante el debate, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, estableció la ordinalidad como una línea roja para el Ejecutivo autonómico, argumentando que esta concepción es incompatible con el principio de igualdad, ya que favorece a quienes más tienen. Además, criticó el modelo actual por no haber sido negociado de manera multilateral y reprochó la falta de lealtad institucional y transparencia por parte del Ministerio de Hacienda.
Ruiz Molina solicitó la creación de un «fondo transitorio de nivelación» para las comunidades que se encuentran en situación de infrafinanciación, alertando que la reforma no se resolverá en el corto plazo. También abogó por la condonación de deuda, indicando que Castilla-La Mancha sería la comunidad que más se beneficiaría por habitante, con un ahorro estimado de 760 millones de euros en los próximos años.
Criticas del PP
Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, afirmó que la propuesta del Gobierno de España «perjudica claramente a la región» y socava principios fundamentales de igualdad entre los españoles. Acusó a García-Page de permitir este modelo con declaraciones que consideró «ambiguas» y exigió un compromiso claro para que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso voten en contra del nuevo modelo de financiación.
Núñez defendió la necesidad de un sistema común, solidario y acordado entre todas las comunidades, advirtiendo que apelar al modelo después de su aprobación no mitigaría el daño para la región. Invitó a García-Page a actuar con anticipación y a instruir a sus «ocho diputados» en la Cámara Baja para que rechacen lo que calificó de «ataque».
Defensa del PSOE
Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria, Ana Isabel Abengózar, defendió que Castilla-La Mancha ha estado «más de una década infrafinanciada» y consideró que el nuevo planteamiento, acordado sin un enfoque multilateral, no soluciona este problema. Destacó que el debate tiene un impacto directo en la sostenibilidad de la sanidad, educación y servicios sociales, acusando al PP de «generar ruido sin aportar alternativas».
Abengózar respaldó a García-Page, afirmando que ha sido «coherente y firme en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha», independientemente de quién esté en el Gobierno de España, y que siempre ha exigido un sistema de financiación que priorice la igualdad y la solidaridad. Reiteró la defensa de un modelo «justo, suficiente y solidario», basado en las necesidades reales por habitante y el mayor coste de ofrecer servicios públicos en la región, instando a los populares a mostrar coherencia.
Cuestionamientos de Vox
Finalmente, Vox, a través de su diputado Francisco José Cobo, cuestionó el sistema autonómico, al que describió como un «modelo fallido y agotado», argumentando que la financiación autonómica ha sido utilizada por ambos partidos, PSOE y PP, para favorecer el separatismo. Al igual que el PP, Cobo pidió a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso que se opongan al nuevo modelo.
Aprobación de la resolución
Al concluir el debate, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron una resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con sus únicos votos, que rechaza el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, calificándolo de «carácter regresivo e injusto» al consagrar el principio de ordinalidad. El texto solicita al Gobierno regional que utilice todas las vías jurídicas disponibles para impugnar el modelo si se procede con su implementación y exige que la negociación sea multilateral, con la inclusión de todas las comunidades autónomas de régimen común.
Asimismo, la resolución aboga por un futuro sistema que garantice la igualdad en la prestación de servicios públicos, sin distinción del territorio o la capacidad económica, y demanda la creación de un fondo transitorio de nivelación mientras no se establezca un nuevo modelo que aborde la infrafinanciación que enfrenta Castilla-La Mancha.