El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación por el nuevo modelo de financiación autonómica que ha sido presentado por el Gobierno central. Según fuentes de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, este modelo perpetuará la infrafinanciación de la región, dejándola «por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas», tal como informaron a Europa Press.
Críticas al nuevo modelo de financiación
Desde el departamento liderado por Juan Alfonso Ruiz Molina, se sostiene que Castilla-La Mancha seguirá «estando castigada como lo está ahora con el actual modelo». Esto se debe a que el nuevo planteamiento no garantiza que todas las comunidades autónomas se beneficien de manera equitativa, ya que lo que realmente está en juego es «si el trozo de la tarta que se lleva cada uno es justo».
Distribución de recursos y equidad
Aunque desde el Ejecutivo autonómico consideran que el volumen de recursos es «positivo», critican la manera en que estos se distribuyen. Aseguran que «el modelo impide, en cualquier caso», que todas las regiones accedan en condiciones de igualdad a los servicios públicos. La metodología del nuevo modelo ha sido calificada como «claramente regresiva», ya que favorece a las comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria, permitiéndoles disponer de un mayor volumen de recursos y, consecuentemente, prestar mejor los servicios públicos.
Propuesta de un modelo más equitativo
Por el contrario, para Castilla-La Mancha, el nuevo modelo debería establecerse con el principio de que se aporte a la bolsa común en función de la capacidad y se reciba según las necesidades. Esta situación debería evaluarse a través de un diseño adecuado de la población ajustada que contemple el coste real que implica prestar los servicios en condiciones de igualdad, sin considerar únicamente la capacidad económica del territorio.
Además, desde la Comunidad Autónoma han manifestado que no tienen conocimiento sobre la financiación por habitante ajustado de cada región. En conclusión, la evaluación que se realiza desde Castilla-La Mancha es que la propuesta presentada «es más un modelo de reparto de la riqueza nacional que un verdadero modelo de financiación que atienda a sufragar el coste real que supone a las comunidades autónomas prestar los servicios públicos fundamentales».