El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al proyecto de Ley que adapta el Estatuto regional de las personas consumidoras, vigente desde 2019, a la normativa tanto estatal como europea, con un enfoque especial en el régimen sancionador. La consejera y portavoz del Gobierno, Esther Padilla, ha destacado que esta iniciativa es fundamental para reforzar la protección de las personas compradoras y usuarias en la comunidad.
Modificaciones en la legislación consumidora
En los últimos años, la legislación estatal ha sufrido cambios significativos, especialmente en el ámbito del régimen sancionador, lo que ha provocado desajustes en la regulación autonómica. Para evitar contradicciones, la Comunidad Autónoma ha decidido armonizar su legislación. Padilla ha subrayado que «lo verdaderamente importante es que esta reforma mejora la normativa autonómica, ya que concreta situaciones que generan conflictos y que a menudo quedan abiertas a interpretación en las leyes generales».
Eliminación de la subjetividad
La consejera ha comentado que la regulación estatal emplea términos como «falta de información suficiente» o «atención insuficiente», los cuales pueden generar confusiones en caso de conflicto. «¿Qué es información suficiente? ¿Cuándo se considera que una atención ha sido deficiente?», se ha cuestionado Padilla, quien ha asegurado que esta reforma elimina dicha subjetividad. Para lograrlo, se precisan casos concretos como la falta de entrega de hojas de reclamaciones, la ausencia de un presupuesto por escrito, los retrasos injustificados en reparaciones, cancelaciones sin previo aviso y negativas a gestionar garantías. «Estas son situaciones que todos conocemos, y su inclusión expresa garantiza una mayor protección y permite sanciones más rápidas», ha afirmado.
Refuerzo de los criterios sancionadores
Padilla también ha resaltado el fortalecimiento de los criterios sancionadores para situaciones de abuso grave. La nueva normativa define más claramente cuándo una infracción es considerada grave o muy grave. «Incluimos ejemplos claros, como cortes injustificados de agua o luz, así como subidas abusivas de precios en situaciones de emergencia. Proporcionamos más detalles que la normativa estatal o europea porque entendemos que la seguridad jurídica requiere precisión», ha enfatizado.
Sanciones accesorias y prevención de abusos
La modificación mantiene las sanciones accesorias como el cierre temporal de establecimientos, la suspensión de actividad o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas en casos de reincidencia. Padilla ha destacado la eficacia de estas medidas contra comportamientos abusivos: «Son acciones que ayudan a prevenir prácticas perjudiciales para la ciudadanía, aunque no siempre haya esa concreción a nivel estatal».
Mejoras en la seguridad jurídica
Asimismo, la reforma incorpora un conjunto de mejoras destinadas a reforzar la seguridad jurídica, eliminando ambigüedades y definiendo de manera precisa los conceptos que determinan cuándo se produce una infracción. «Es crucial resaltar que ahora se define claramente qué constituye una infracción y qué sanción corresponde, lo que minimiza las dudas en los tribunales y beneficia la protección de las personas consumidoras», ha señalado.
En resumen, esta modificación establece un marco autonómico más claro y útil. «Hemos actualizado el manual de instrucciones de los derechos de las personas consumidoras para que sea más concreto, más eficaz y funcione mejor. Queremos una Administración que proteja y que elimine lagunas y contradicciones», concluyó Esther Padilla.