La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su satisfacción por la reducción de 5.400 personas desempleadas en Castilla-La Mancha durante el tercer trimestre del año. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, la cifra total de parados en la región se sitúa ahora en 134.000.
Desempleo femenino en aumento
A pesar del descenso general en el número de parados, CSIF ha destacado el preocupante aumento del desempleo femenino. Mientras que 6.900 hombres dejaron de estar en paro, 1.500 mujeres se sumaron a la lista de desempleados. Este fenómeno es reflejo de la creación de empleo, que en el último trimestre se ha concentrado exclusivamente en hombres, con un incremento de 19.900 puestos de trabajo masculinos.
Temporalidad en el empleo público
En su comunicado, CSIF también ha puesto de relieve la situación de la temporalidad en las administraciones públicas de Castilla-La Mancha. Actualmente, hay 47.500 trabajadores en esta situación, lo que representa un aumento de 5,2 puntos respecto al segundo trimestre, alcanzando el 29,8% del total del empleo público. Al desglosar estos datos por género, se observa que las mujeres constituyen el 65,7% del empleo temporal en el sector público, en comparación con el 50,8% en el ámbito privado. Esto pone de manifiesto que la precariedad laboral tiene un rostro predominantemente femenino.
Demandas de CSIF ante la precariedad laboral
Ante esta realidad, CSIF ha exigido la eliminación de la tasa de reposición, que limita a las administraciones en la cobertura de necesidades de servicios, lo que lleva a la contratación de personal temporal, especialmente en áreas críticas como la sanidad y la educación.
Responsabilidad de los gestores
Por otro lado, la organización sindical ha enfatizado la necesidad de sancionar a los gestores que no cumplan con el límite establecido por la Ley. «Solo de esta manera se podrá combatir de forma efectiva las situaciones de abuso y precariedad laboral que afectan a miles de trabajadores y trabajadoras en nuestras administraciones», concluyen.