El Gobierno regional ha formalizado la renovación del convenio de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y las diputaciones provinciales para llevar a cabo la segunda edición del Máster en gestión, organización y funcionamiento de entidades locales. Este programa está dirigido a egresados universitarios y profesionales del ámbito municipal, con el objetivo de dotarles de las habilidades necesarias para desempeñar funciones en los entes locales.
Detalles del Convenio y del Máster
La firma del nuevo convenio se realizó en un acto que tuvo lugar en noviembre de 2024, presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page. En este evento también estuvieron presentes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, así como el rector de la UCLM y los presidentes de las diputaciones provinciales. La iniciativa busca proporcionar conocimientos relevantes en áreas como la economía, la contabilidad, la planificación urbana y la función pública, según ha comunicado la Junta a través de una nota de prensa.
Aumento de Plazas y Formato del Curso
Esta edición del máster, que se desarrollará de manera semipresencial, contará con sesiones en cada una de las cinco provincias y ofrecerá ponencias de alto nivel. Además, ha incrementado el número de plazas disponibles a 60, lo que representa un aumento de 20 plazas respecto a la primera edición, gracias a la excelente acogida que tuvo el programa.
El propósito es preparar a profesionales capacitados para ocupar posiciones clave en los ayuntamientos de la región y facilitar su inclusión en las listas de espera del Gobierno regional para cubrir interinamente estos puestos. Estas posiciones son fundamentales para el asesoramiento legal y la fiscalización de las cuentas públicas, además de la gestión de la tesorería y la recaudación.
Formación Continua y Actualización de Conocimientos
El máster también tiene como objetivo actualizar los conocimientos del personal interino que ya ocupa estos puestos y que desea mejorar su formación, así como permitir que los funcionarios de entidades locales se actualicen en sus respectivas áreas. La inversión para esta segunda edición ha aumentado un 29 por ciento, alcanzando un total de 103.000 euros, de los cuales más del 70 por ciento está subvencionado.
El programa contará con un equipo docente compuesto por expertos en administración local y funcionarios con amplia experiencia en el Gobierno regional.
Un Proyecto Ambicioso para los Ayuntamientos
Este proyecto representa una herramienta formativa innovadora para el ámbito público en Castilla-La Mancha, abordando así uno de los problemas estructurales que enfrentan los ayuntamientos: el notable déficit de profesionales en estas áreas. El presidente Emiliano García-Page ha planteado esta problemática al Gobierno de España, solicitando la convocatoria de un mayor número de plazas para Secretarios-Interventores, donde se han identificado numerosas vacantes.
En la actualidad, de los 961 puestos reservados para funcionarios de habilitación nacional en Castilla-La Mancha, 473 se encuentran vacantes, y 302 de ellos son ocupados por personal interino que ha superado los procesos selectivos organizados por el Gobierno regional. Desde 2015, se han convocado ocho procesos para atender la demanda de estos profesionales por parte de los ayuntamientos.
Compromisos de las Partes Firmantes
El convenio establece una serie de compromisos entre las partes firmantes. La Junta de Comunidades, a través de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, se compromete a financiar las actuaciones, colaborar en las actividades académicas, seleccionar a los docentes, facilitar las instalaciones necesarias y llevar a cabo la publicidad y difusión del programa.
Asimismo, la UCLM se encargará de la financiación, la dirección y diseño del programa académico, la organización de las actividades, la provisión de aulas y recursos, así como la gestión académica y económica, y la emisión de los títulos correspondientes.
Por último, las diputaciones provinciales asumirán la financiación de las acciones estipuladas en el convenio, además de colaborar en la organización de las actividades académicas.