Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF han anunciado que comenzarán su calendario de movilizaciones el próximo 30 de octubre, coincidiendo con el día siguiente al aniversario de la DANA que tuvo lugar a finales de 2024. Las protestas se llevarán a cabo en las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias españolas, así como frente al Ministerio de Función Pública en Madrid, con el objetivo de exigir un nuevo acuerdo salarial. Además, han advertido que aumentarán «la presión» y «la tensión» en sus acciones.
Movilizaciones y Huelga Nacional
Durante una rueda de prensa celebrada el pasado martes, los representantes de las tres organizaciones sindicales, Lucho Palazzo de CCOO, Isabel Araque de UGT y Miguel Borra de CSIF, manifestaron su firme intención de convocar una jornada de huelga a nivel nacional en diciembre, en caso de que el Ministerio de Función Pública mantenga su negativa a negociar.
Palazzo subrayó que la campaña de movilizaciones será «ascendente» y destacó la planeada «gran movilización» en Madrid para el mes de noviembre. Asimismo, enfatizó que no se descarta «ningún escenario» hasta que el Gobierno convoque una mesa de negociación para discutir un aumento salarial para los empleados públicos y un nuevo acuerdo marco sobre salarios.
Exigencias de los Sindicatos
Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, reclamó un nuevo acuerdo que contemple una subida salarial, así como la definición de los índices y cláusulas de revisión necesarias para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Araque también criticó la falta de avances en la Mesa de Diálogo, a pesar de los anuncios optimistas del Gobierno sobre el crecimiento económico en España.
Por su parte, Miguel Borra acusó al ministro de Función Pública, Óscar López, de «ningunear» el diálogo social y denunció que el Gobierno está «maltratando» a los empleados públicos, quienes, según él, tienen una deuda pendiente que asciende a 1.860 millones de euros en los últimos diez meses. Borra advirtió que el Gobierno tiene poco tiempo para llegar a un acuerdo antes de que se convoque la primera huelga en las Administraciones Públicas durante la era de Pedro Sánchez.
Críticas a la Gestión del Gobierno
Araque también acusó al Gobierno de «parchear» la situación, sin convocar la Mesa de Diálogo del Estatuto Básico del Empleo Público, y advirtió que «o se negocia un acuerdo ya o la Administración acabará desangrándose».
Desde UGT, se han planteado, además del nuevo acuerdo salarial, la necesidad de eliminar la tasa de reposición para frenar la temporalidad en el sector público, así como detener la externalización de servicios, que representa el 24,05% del gasto público, es decir, el 11% del PIB. También se ha solicitado la modernización de los procesos de acceso a la Función Pública, que deben ser más ágiles y adaptados a los tiempos actuales.
Condiciones Laborales y Ofertas de Empleo
CCOO ha señalado que se han perdido alrededor de 42.000 efectivos en los últimos 20 años y que las ofertas de empleo actuales están «muy lejos» de satisfacer las necesidades de la Administración. Por ello, han exigido garantizar ofertas de empleo público que cubran las vacantes existentes.
En cuanto a la recuperación del poder adquisitivo, Miguel Borra ha solicitado un acuerdo plurianual que incluya la actualización automática de los salarios, similar a lo que ocurre con las pensiones, así como un aumento que contemple la inflación más un porcentaje adicional acordado con los sindicatos. Borra también ha enfatizado la necesidad de reforzar las plantillas, mejorar las condiciones de jubilación y lograr una equiparación salarial adecuada.
Finalmente, Borra criticó que el Gobierno está utilizando a los empleados públicos como «rehenes» en las negociaciones parlamentarias, y que el ministro Óscar López parece más enfocado en su papel como portavoz del Gobierno que en cumplir con sus responsabilidades como ministro de Función Pública.