La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha arrancado este miércoles los trabajos del Pacto por la Ciencia en Castilla-La Mancha, que incluye entre sus objetivos reducir las desigualdades territoriales en el acceso a la ciencia e investigación.
Tal y como queda reflejado en el borrador de este pacto, se quiere garantizar una financiación estable y suficiente en este ámbito y se quiere promover una «ciencia abierta e inclusiva».
Este pacto será unos de los puntos clave dentro del Eje 3 del Pacto por la reactivación económica y el empleo relativo a la economía del conocimiento, vinculado a la investigación y la innovación con horizonte 2030, tal y como ha expresado el consejero de Educación, Amador Pastor, en declaraciones a los medios.
Así lo ha expresado Pastor antes de participar en la comisión de trabajo del Eje 3 del Pacto por la reactivación económica y el empleo 2021-2024, que ya finaliza, y que anota más de 1.100 millones de inversión público-privada vinculada a la investigación y la innovación.
Recordando que ya se contabilizan 4.000 personas contratadas vinculadas a la investigación en Castilla-La Mancha, ha remarcado que se han superado con éxito todos los objetivos marcados inicialmente de este eje.
«Los datos que hoy compartiremos son el grado de cumplimiento altísimo, superior al 86% en el conjunto de las 24 medidas que habíamos establecido y que han supuesto grandes avances, sobre todo en la contratación de personal investigador», ha ensalzado.
Además, Castilla-La Mancha también tiene como reto, antes de finalizar la legislatura, «centrar su ley de ciencia y establecer un nuevo plan regional de investigación, el Prince».
Por ello, se trabajará desde la Consejería en potenciar la labor investigadora de las universidades, de los centros tecnológicos, pero sobre todo también las empresas, pues, ha afirmado Pastor, «cada vez hay una dinámica mayor de realizar y de adentrarse en el campo de la investigación y de la innovación por parte de las empresas privadas».
El plan regional de ciencia ofrecerá «ese marco colaborativo de identificar a los agentes investigadores», y servirá para reforzar el conocimiento de las convocatorias en esta materia, que en estos últimos años han movilizado más de 50 millones de euros, «siendo una de las comunidades autónomas que las convoca regularmente».