A.V.Z., el hombre para el que el Fiscal pedía diez años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa al intentar acabar en 2024 con la vida de su expareja en presencia de sus hijas menores en Miguel Esteban, ha reconocido los hechos y ha aceptado 5 años y un día de prisión.
Este es el acuerdo de conformidad al que han llegado la defensa de la víctima, la acusación particular y el Ministerio Público, por el que se ha evitado la celebración de la vista oral que tenía previsto producirse este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo.
El acuerdo al que han llegado las partes incluye también la expulsión del procesado a su país a mitad de la del cumplimiento de la condena, teniendo en cuenta que fue detenido al día siguiente de los hechos y permanece en prisión preventiva desde el 30 de diciembre de 2024.
Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, los hechos se remontan a diciembre de 2024 cuando el acusado tuvo una discusión con su expareja –B.– en un domicilio de la citada localidad, porque quería imponer su criterio en cuanto al régimen de visitas de sus hijas menores, «manifestando así su control y dominación».
Así, el fiscal afirma que, con ánimo de darle muerte o aceptando dicha posibilidad, y en presencia de sus hijas menores –C. de 11 años y D. de 6 años–, le lanzó con un cuchillo de cocina a B. varias puñaladas dirigidas al abdomen, logrando esta esquivar el impacto, de modo que, cuando intentó frenar en su empeño al procesado se inició con él un forcejeo durante el cual, A.V.Z. le logró clavar el cuchillo a su expareja en el muslo izquierdo.
Como consecuencia de estos hechos B. sufrió una herida incisa superficial en muslo izquierdo y una herida inciso contusa frontal derecha de unos 2 centímetros con costra, para cuya sanidad precisó una primera asistencia facultativa consistente en exploración física, medidas físicas, antiinflamatorios, vacunación antitetánica, lavado de herida y antibioterapia, así como tratamiento quirúrgico consistente en puntos de sutura.
En un principio, el Ministerio Público solicitaba para el acusado la pena de diez años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación de la patria potestad respecto de sus hijas menores. Una pena que ha quedado reducida a cinco años y un día de cárcel merced al acuerdo suscrito.