Más de la mitad de jóvenes LGTBI+ ha sufrido acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante la Educación Secundaria Obligatoria y el 21,2% de los incidentes de odio y discriminación contra el colectivo ocurre en centros educativos.

Así lo refleja el informe ‘Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+’ presentado este jueves por la Federación Estatal LGTBI+, en colaboración con la Universidad de Salamanca, en el que se reconocen los avances «significativos» que se han hecho en Castilla-La Mancha a la hora de reconocer los derechos del colectivo.

El estudio analiza la integración de la diversidad afectivo-sexual, de género, corporal y familiar en los centros educativos, así como sobre el desarrollo y la implementación de políticas públicas inclusivas en las distintas comunidades autónomas.

La investigación revela que, aunque prácticamente todas las comunidades autónomas cuentan con leyes o protocolos para proteger al alumnado LGTBI+, su aplicación efectiva es desigual.

Según la Encuesta ‘Estado LGTBI+ 2025’, elaborada a partir de 800 entrevistas a personas mayores de 18 años del colectivo residentes en España, el 41,9% de las personas LGTBI+ ha alcanzado estudios universitarios, un 25,09% cursó Bachillerato o Formación Profesional de grado superior, un 23,71% completó Educación Secundaria y menos del 1% no tiene estudios.

Sin embargo, los datos muestran desigualdades importantes dentro del colectivo: casi un 6% de las personas no binarias no ha completado estudios, y un 21% de los hombres trans no superó la Educación Primaria.

«Estos datos evidencian que, pese a los avances, persisten barreras educativas significativas para ciertos grupos dentro del colectivo LGTBI+, especialmente para las personas trans y no binarias», subraya la responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI+, María Rodríguez.

El informe concluye que la visibilidad en el ámbito educativo «sigue siendo limitada»: Más del 60% de las personas jóvenes LGTBI+ se sienten visibles con amistades cercanas, mientras que un 25% lo son con sus compañeros de instituto y un 21% en la universidad.

Entre las personas de 18 a 24 años, un 18,2% permanece invisible, y un 40% asegura no haber podido expresarse tal como es durante su etapa educativa.

El análisis territorial muestra además un panorama «diverso y en ocasiones contradictorio». Como precedente, el informe ‘Realidad del alumnado trans en el sistema educativo’ (2020) situaba a Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra a la cabeza en reconocimiento de derechos, mientras que Ceuta y Melilla, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias ocupaban los últimos lugares.

Cinco años después, el mapa ha cambiado, detectándose avances significativos, como es el caso de Castilla-La Mancha. Algunas comunidades que entonces estaban a la cola han iniciado procesos legislativos, como Castilla y León, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid o la región de Murcia, han experimentado retrocesos en la aplicación de sus propias leyes, «condicionadas por discursos políticos contrarios a la igualdad», según asegura FELGTBI+.

El informe señala que este contrate evidencia que «el progreso no depende únicamente de los marcos normativos, sino de la voluntad política, la dotación de recursos y la capacidad real de cada comunidad autónoma para transformar la legislación en medidas efectivas».

«Los marcos legales son necesarios, pero insuficientes. Lo que está en juego no es solo tener protocolos escritos, sino garantizar que en cada centro educativo el alumnado LGTBI+ pueda sentirse seguro, respetado y visible», advierte la presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias.

El informe constata también problemas comunes en todo el territorio como son «la falta de formación sistemática del profesorado, la ausencia de evaluación de resultados y una dependencia excesiva de iniciativas individuales o asociativas».

En cuanto a los programas de sensibilización, subraya que, «aunque abundantes, siguen siendo dispersos, lo que genera experiencias educativas muy diferentes entre centros y comunidades autónomas».

«La educación en diversidad no puede quedarse en buenas intenciones ni en documentos. Necesitamos que cada centro educativo aplique medidas concretas, que los equipos docentes estén preparados y que el alumnado LGTBI+ se sienta seguro y acompañado cada día», indica Iglesias.

Entre las recomendaciones, el estudio insiste en la necesidad de planes integrales de educación inclusiva, protocolos claros contra el acoso escolar y programas de formación continuada para docentes y familias.